El ponente pidió aplazar el debate para ampliar las conversaciones con los partidos y sectores involucrados. El proyecto sobre mercados digitales ya recibió modificaciones.

La Cámara de Diputados de Brasil aplazó hasta el 27 de noviembre el debate del Proyecto de Ley 4.675/2025,que establece reglas de competencia para los mercados digitales y amplía las herramientas de actuación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) sobre las grandes empresas tecnológicas.
La votación estaba prevista para este martes 17 de noviembre,pero el ponente,el diputado Aliel Machado (Partido Verde,por Paraná),todavía pretende conversar con los distintos actores involucrados antes de llevar el texto al pleno.
La decisión se produce en medio de la resistencia de partidos de oposición y de sectores del llamado “Centrão” –un bloque informal de partidos y legisladores de centro y centroderecha con fuerte influencia en el Congreso brasileño–,además de la presión de empresas tecnológicas y asociaciones empresariales contrarias a algunos puntos de la propuesta.
El presidente de la Cámara,Hugo Motta (Republicanos,por Paraíba),afirmó que la definición de la agenda depende de la conclusión de las conversaciones que el ponente mantiene con las distintas bancadas.
El texto sustitutorio,de hecho,ya comenzó a cambiar. Este martes,Machado modificó los criterios para clasificar a las empresas como agentes de relevancia sistémica: según la nueva versión,deberán cumplir al menos cuatro de seis criterios cualitativos,además de alcanzar el umbral de facturación de 50,000 millones de reales a nivel global o 5,000 millones en Brasil.
El ponente también retiró la previsión de exigir un “rediseño tecnológico” de las plataformas e incluyó una disposición explícita que establece que el Cade no tendrá competencia para moderar contenidos. Los cambios responden a las críticas de parlamentarios y entidades empresariales.
Con base en un estudio de Ecoa Consultoria Econômica,la entidad señala la falta de previsibilidad regulatoria y de criterios objetivos para definir qué empresas estarán sujetas a las nuevas reglas.
También cuestiona las disposiciones sobre interoperabilidad e intercambio de datos,al considerar que se necesitan salvaguardias más claras para proteger la privacidad y la seguridad de los servicios.
La ALAI sostiene que el proyecto no debe votarse por la vía de urgencia,sin la celebración de audiencias públicas y sin un debate técnico suficientemente amplio.
“Sin definiciones y criterios objetivos,el alcance de la regulación puede quedar sujeto a distintas interpretaciones a lo largo del tiempo”,advierte la entidad.